_________________________
Suecia, el espejo al que debería mirar Zapatero para garantizar las pensiones
@Ignacio J. Domingo – 30/10/2010
La senda reformista que el Gobierno español tomó la pasada primavera, con el duro plan de ajuste fiscal como pistoletazo de salida, la reforma laboral como estandarte, los cambios en el modelo de pensiones como próxima meta volante y la Ley de Economía Sostenible (LES) como destino final de legislatura, tiene en Suecia un antecedente de éxito sin parangón. De hecho, no pocos expertos eligen a la mayor economía escandinava -con permiso de Noruega, que le sigue a rebufo- como arquetipo de las sustanciales y necesarias modificaciones en el patrón de crecimiento español para retornar a la estabilidad financiera y asegurar un dinamismo sostenible.
El presidente español, que acaba de remodelar su Gabinete para, según sus propias palabras, “acelerar las reformas”, asentar “la recuperación de la economía y el empleo” y “explicar mejor” -o, dicho de otra forma, aplicar pedagogía- a estas transformaciones, debería echar un vistazo a la hoja de servicio reciente y a la agenda futura de su colega Fredik Reinfeldt, flamante vencedor de las elecciones suecas, el pasado 19 de septiembre, y último jefe de Gobierno de centro-derecha en asumir -en este caso, renovar- el cargo en Europa. En especial, para analizar el ensalzado sistema de pensiones sueco y su reconocido liderazgo mundial en competitividad, tecnología, sostenibilidad medioambiental e igualdad de género. Suspiros todos ellos de la España de Zapatero.
Pero, ¿qué incógnita ha logrado despejar Suecia, la segunda economía -tras la danesa-, con una presión fiscal más alta -el 46,9% de su PIB- para mantener tan generoso Estado de Bienestar con pensiones sustanciosas, una Educación y una Sanidad de reconocido prestigio, saneamiento presupuestario, que ha coqueteado, al comienzo de esta década, con el pleno empleo y que ha adquirido un estatus incuestionable de inversor internacional? Tanto en materia de pensiones como de políticas sociales y económicas en general, la solución ha pasado por confeccionar un calendario constante de reformas para adecuarse a los ciclos de negocios y preservar la salud de sus arcas estatales. Un hecho que no ha pasado desapercibido para la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, que maneja informes -preparatorios de los cambios que se avecinan en el Pacto de Toledo- en los que sitúa a Suecia en el bloque de países más reformistas.
Un lustro y medio de reformas en las pensiones
El viraje de las pensiones en Suecia se inició en 1993, año en el que la economía española emprendió el ciclo de crecimiento más prolongado de su historia y que tocó a su fin en el último tramo de 2008. Es decir, en la última victoria socialista con Felipe González de cabeza de cartel electoral. Desde entonces, Suecia -gobernada por socialdemócratas en 61 de los últimos 74 años- puso en marcha un modelo dual, público-privado, en el que el cómputo de las pensiones resulta variable porque se basa, por un lado, en las aportaciones individuales que cada trabajador que pasa a situación de retiro ha realizado a lo largo de toda su vida laboral -en lugar de depender de la población activa- y, por otro, de las rentas obtenidas a través de los varios centenares de fondos privados de inversión –de carácter personal- y otros gestionados desde las empresas.
Fue el principio del fin del vetusto sistema de reparto y su sustitución por uno de capitalización que, a tenor del diagnóstico de los analistas, tiene en cuenta la variabilidad de los ingresos futuros. Dicho de otro modo, y en palabras de Elisa Chuliá, profesora de la UNED -quien en un informe para Funcas elige a Suecia entre los países que “han abandonado la lógica de la prestación definida, sustituyéndola por la de contribución definida”- en el país escandinavo se eligió “la introducción de las cuentas nocionales, lo que implica que los beneficiarios no obtienen una pensión en función de sus salarios -o sus bases contributivas, que se establecen a partir de sus salarios registrados-, sino de sus contribuciones efectivas al sistema, que se van anotando en una cuenta individual ficticia y, posteriormente, en el momento de la jubilación, se revalorizan en función de determinados criterios”. En su análisis, publicado en el último número de Panorama Social, editada por la Fundación de las Cajas de Ahorros, identifica a España -en cambio- como “el Estado miembro de la UE que, probablemente, ha adoptado menos reformas basadas en criterios de mantenimiento del equilibrio financiero futuro del sistema de pensiones”.
Con su método de cálculo, los jubilados suecos no parecen tener demasiadas razones para las quejas. Con las pensiones mínimas garantizadas próximas a los 1.000 euros mensuales, la ‘nómina’ puede duplicarse e, incluso, triplicarse, de manera habitual. Además, cada vez son más numerosos los trabajadores que deciden sobrepasar los 65 años de la edad de retiro porque, más allá de este tope legal, la factura engorda considerablemente. A pesar de que, en los últimos ejercicios, como consecuencia de la dura recesión que ha soportado el país -con números rojos de dos décimas en 2008 y del 4,5% el pasado ejercicio- las pensiones hayan experimentado recortes de entre el 3% y el 4%. Una opción -la del recorte de las pensiones- que no por criticada resulta socialmente cada vez más aceptada en beneficio de la sostenibilidad del sistema. No en vano, Suecia, como España, el conjunto de Europa y Japón, son las latitudes que más soportarán las consecuencias del envejecimiento de la población.
Peso del gasto en pensiones
Pese a la alarma generalizada en Occidente, Suecia presenta unos números presentes correctos y unas previsiones financieras optimistas para hacer frente a este fenómeno. Un reciente estudio de Standard & Poor’s, bajo el elocuente título de El envejecimiento global 2010: una verdad irreversible, en el que compara parámetros sociales de 49 países, cifra en el 9,6% del PIB el gasto que el Gobierno de Estocolmo destinará a sus suculentas pensiones este año, siete décimas por encima del español. Sin embargo, contabilizados los efectos colaterales del envejecimiento social a cada economía, España elevaría hasta el 15,5% estos desembolsos en 2050, frente al 9% de Suecia, cuya factura, paradójicamente, sería más reducida en el ecuador de este siglo que en la actualidad.
Es cierto que, como advierte Raymond van der Putten, analista de BNP Paribas, el éxito de los modelos nórdicos de jugosos Estados del Bienestar, flexi-seguridad laboral y altas tasas de competitividad internacional, “puede deberse a que se trata de economías relativamente pequeñas con una población bastante homogénea”. Pero también es cierto que, según sus palabras, “están mejorando la sostenibilidad de sus modelos en los últimos años, con rebajas fiscales que estimulan a sus trabajadores a prolongar sus horas de trabajo”. Todo ello explica que la OCDE sitúe a Suecia más de tres puntos porcentuales por encima de España al medir la población en edad de trabajar. El 26,2% en el caso español, frente al 29,4% del sueco.
Estabilidad presupuestaria
Reinfelt, el primer ministro conservador que acaba de obtener otro mandato de cuatro años para cumplir sus compromisos de estabilidad financiera, calificado de pragmático más que de ideológico tanto por sus detractores como por sus defensores, ya ha admitido que su promesa electoral de un nuevo recorte impositivo que sumar a la paulatina rebaja del IRPF, que emprendió en 2006 y que equivale, hasta el momento, al 2,3% de la economía sueca, “no se producirá en 2011”. Una medida interpretada como “prudente” para cumplir con el consenso del mercado, que augura la vuelta a un déficit de entre el 2% y el 3% y con una economía ya en números negros del 1,5% ya al término de este año. Una “disciplina fiscal” que lleva a Ana Mates, de Standard & Poor’s, a augurar, sin paliativos, el mantenimiento de la triple A de la agencia de calificación a corto y medio plazo. Para Mates, el único borrón de su coyuntura es una tasa de desempleo que la crisis financiera y la dura recesión ha elevado por encima del 11%. Cota que podría ser menos coyuntural de lo esperado, precisa.
Potencia exportadora
La clave de esta fulgurante reanimación de la economía sueca es su potente sector exterior. En su doble dimensión exportadora e inversora, con grandes multinacionales como Electrolux, Ericsson o Volvo, y unos flujos de capital y ventas fuera de sus fronteras muy diversificados en bienes, servicios y mercados geográficos. La gran prueba de este liderazgo sueco se puede apreciar en los indicadores mundiales que el World Economic Forum (WEF), fundación creadora de las cumbres de Davos, realiza sobre competitividad -basado en 12 pilares ideados por el profesor español Xavier Sala-i-Martin que miden este parámetro, el gran Talón de Aquiles de la economía española-; sobre tecnologías -que calibra el clima de las tecnologías de la información para hacer negocios, sus infraestructuras y su uso por parte de personas y empresas- e igualdad de género, que determina la brecha profesional y social entre hombres y mujeres. Suecia ocupa, respectivamente, el segundo, el primer y el cuarto puesto en cada uno de estos tres ránkings, en los que España aparece en los lugares 42, 34 y 11.
Pero, sobre todo, este salto sueco a cotas tan elevadas de fundamentos económicos impulsores de la productividad se ha producido con un alto grado de paz social. Un cambio de patrón de crecimiento que Zapatero pretende diseñar a través del sempiterno proyecto de LES, aún bajo los efectos de su primera huelga general contra la reforma laboral y con su propuesta sobre pensiones sobre la mesa negociadora. Eso sí, sin la aparente crispación que los cambios en las pensiones están ocasionando en Francia, con nueve jornadas de protesta convocadas contra el Gobierno de François Fillon por este espinoso asunto.
Publicado en Cotizalia: http://www.cotizalia.com/
_________________________
Jubilaciones privilegiadas
‘Pensionazo’ en la calle… y pensiones de lujo para sus señorías
En medio del enconado debate sobre la propuesta del Gobierno para reformar las pensiones que ha hecho salir a la calle a los sindicatos y ha encrespado el clima político, muchas voces se están alzando contra el exclusivo sistema de prestaciones en materia de jubilación de los diputados y senadores, que les asegura un retiro al que ningún otro ciudadano puede aspirar. El régimen especial de los diputados y senadores les garantiza unos complementos al sistema de pensiones común para garantizarles una pensión más alta o un derecho a prejubilarse más beneficioso y un plan de pensiones privado muy generoso.
El anuncio del Gobierno de comenzar a negociar un plan para reformar las pensiones ha motivado una intensa polémica y un intenso debate público sobre su conveniencia. Dicho plan está estudiando calcular la pensión sobre más años de salario o un periodo más largo de cotización, retrasar la edad efectiva de retiro laboral mediante la reducción de las jubilaciones anticipadas e incentivando el retraso voluntario de la jubilación o añadir dos años más a la edad legal de jubilación, desde los 65 años actuales a los 67, esta última, sin duda, la medida estrella de la propuesta.
El objetivo final de la eventual reforma es sostener a medio plazo el actual sistema del sistema de la Seguridad Social dada la presión demográfica, que está haciendo aumentar la esperanza de vida y reduciendo la natalidad, lo que descompensará la proporción entre cotizantes y trabajadores, y la merma de afiliados, agudizada por la crisis económica. Pero, aunque muchos expertos dudan de la reforma sea en sí misma sea suficiente para mantener el equilibrio presupuestario y encarar la crisis, el Gobierno se mantiene firme en su propuesta y de momento ignoran las protestas de los sindicatos, que creen que retrasar la edad de jubilación actual es sinónimo de renunciar a una conquista social de los trabajadores y reprochan al Gobierno que intente solventar el problema con un recorte del gasto público. El Gobierno también ha recibido críticas de casi todos los partidos políticos, tanto por el momento en que se ha hecho público el anuncio como en su forma, sin haber contado sus intenciones al Pacto de Toledo, que se encarga de establecer las líneas de actuación y recomendaciones de reforma en el sistema de pensiones contributivo.
En medio de este debate, ha salido tímidamente a la palestra el llamado sistema de pensiones de los diputados y senadores, un régimen especial para estos miembros de las cámaras que les garantiza unas prevendas en materia de jubilación pública a las que no puede aspirar ningún otro profesional, como, por ejemplo, cobrar la pensión máxima con tan sólo 12 años de mandato y, en algunos casos, sólo con siete. El régimen choca frontalmente con las llamadas a la contención del Gobierno y aunque todavía no se ha contemplado su modificación, muchas voces ya lo están pidiendo.
3.000 euros de salario base… y un jugoso paquete de complementos
La asignación constitucional para 2010 de un diputado es de 3.125,52 euros mensuales, salario base al que se añaden complementos en función del cargo -desde los 3.605 del presidente además de los gastos de representación hasta los a los 775,17 de los portavoces adjuntos de comisiones, y complementos de destino -1.823 euros mensuales más para los diputados y senadores de fuera de Madrid y 870 para los que viven en la capital (ver información adjunta)
Además de estos emolumentos, el reglamento de prestaciones económicas para los ex parlamentarios, vigente desde hace casi cuatro años, articula un mecanismo que permite que, en los supuestos en los que los parlamentarios no alcancen el límite máximo de percepción de pensiones públicas, las Cámaras abonarán la diferencia, es decir, una “pensión parlamentaria” para diputados y senadores que hayan formado parte de las Cortes durante un mínimo de siete años y siempre que hayan cumplido 65 y hayan obtenido la jubilación, o bien se hayan jubilado anticipadamente con al menos 60 años y 40 años de cotización.
La cuantía de ese complemento será la diferencia entre la cuantía de la pensión que corresponde al parlamentario por su actividad profesional y la cifra anualmente establecida como límite máximo de percepción de pensiones públicas. Eso sí, en el caso de parlamentarios con un mandato de siete a nueve años se les aplica el 80% de ese límite, a los de nueve a once años se les calcula el 90% y a los de más de once años se les cubre hasta el máximo.
“Los diputados y senadores no tienen unas pensiones específicas, sino unos complementos y prestaciones añadidas a las pensiones ordinarias”, explica a Expansión.com Ramón Marcos Allo, letrado de la Administración de la Seguridad Social y miembro del Consejo de Dirección de Unión Progreso y Democracia (UPyD), reguladas en el reglamento aprobado el 11 de julio de 2006 “cuando el PSOE estaba en mayoría”, apostilla.
Esta regulación se refiere, esencialmente, a cuatro materias: la asignación de un complemento de las pensiones públicas, de una ayuda mensual equivalente a lo que coloquialmente se conoce como prejubilación, unas indemnizaciones por cese en su condición de parlamentarios y unas aportaciones con cargo a los presupuestos de las Cortes Generales para unos planes privados de previsión social. El motivo para publicar dicho reglamento fue “cubrir una laguna normativa que existe desde la aprobación de los Reglamentos del Congreso de los Diputados y del Senado en 1982 y a dar una cobertura jurídica sistemática a distintas situaciones que la dedicación a la actividad parlamentaria produce”, pero el fin último fue equiparar estas retribuciones a las de los parlamentarios de otros países de la Unión Europea.
Un reglamento para asegurar las prestaciones
Para ello, se articuló un mecanismo que permite que, en los supuestos en los que los parlamentarios no alcancen el límite máximo de percepción de pensiones públicas, las Cámaras abonan la diferencia entre este límite y la pensión percibida por el solicitante. Además, para los supuestos en que se den situaciones de precariedad, se establecen fórmulas como la del sistema de complementación de ingresos, en vigor desde el 7 de julio de 1987; la indemnización por cese, que compensa la carencia de cobertura por desempleo que un diputado puede tener, por ejemplo, al intentar volver a su ocupación habitual cuando deja las cámaras, y que se gradúa en función de los años de dedicación a las Cámaras.
A estas restaciones se une complemento que permite hacer frente al período de transición que se da entre la disolución de las Cámaras y su constitución tras las elecciones, además del apoyo al sistema público de pensiones con las aportaciones a planes privados de carácter complementario. “Este tipo de indemnizaciones se dan en la mayoría de los parlamentos de los Estados de nuestro entorno”, reitera el reglamento.
Parlamentarios españoles con prestaciones “europeas”
En definitiva, la aplicación del reglamente se traduce en que diputados y senadores que “gozan de unos beneficios que no tenemos el resto”, ya que “que les otorgan más derechos que a los demás ciudadanos”, sentencia Marcos, que tilda estas prevendas en materia de pensiones de los diputados y senadores de “privilegios”. Ello ha motivado en numerosas ocasiones protestas de este partido y tienen previsto presentar una reforma para que se equiparen a las que perciben los ciudadanos.
De hecho, su partido va a presentar en breve una iniciativa que se encuentra en fase de revisión técnica para eliminar los privilegios de la actual regulación, ya que, según UPyD, los parlamentarios gozan de un régimen exclusivo, y “nosotros estamos en contra de cualquier privilegio”, recalca.
“Hablo de privilegios porque tienen reconocidos unos derechos en materia de complementos de pensiones, prejubilaciones, planes de pensiones e indemnizaciones que no tienen reconocidos los ciudadanos normales y que no se corresponden con la función constitucional que tienen asignada”, argumenta Marcos. “Viajar con cargo al Congreso para conocer un problema social que vaya a debatirse en el Congreso es un derecho y no un privilegio. Pero poder prejubilarse a los 55 años con un 60% de la asignación constitucional de 3.125 euros mensuales con cargo igualmente al Presupuesto del Congreso es un privilegio. No se justifica por la función que hace el diputado o senador. De hecho, en la norma que lo regula, se dice que es para parecerse a los parlamentarios de otros países, olvidando que a lo que deben asimilarse es a los ciudadanos españoles”.
Pero Marcos cree que deberían compararse “no con los salarios alemanes, sino con los sueldos y prestaciones y salarios reales que hay en España. “Si ellos son representantes de los españoles, tienen que dar ejemplo y adoptar su situación a la de la economía del país.
Funcionarios y empleados públicos, también a la zaga
Según explica este letrado, las pensiones de estos cargos son inalcanzables para cualquier ciudadano, independientemente del régimen laboral en el que se encuentre, pero también para los funcionarios y los empleados públicos.
Las pensiones públicas se rigen por la Ley General de Seguridad Social y los funcionarios tienen dos posibilidades: Los funcionarios de carrera de la Administración Civil y Militar del Estado, los de la Administración de Justicia y los de las Cortes Generales están encuadrados en el Régimen de Clases Pasivas, mientras que los de la Administración local, Organismos Autónomos y los de Comunidades Autónomas, además de los empleados públicos, acceden a su jubilación mediante el Régimen general de la Seguridad Social, de la misma forma que los asalariados o los autónomos, y por tanto, con los mismos derechos que el resto de los trabajadores incluidos en ese régimen.
“Si están en clases pasivas, los derechos de los funcionarios, son también muy similares, aunque con alguna excepción respecto de la jubilación anticipada y otras cosillas menores. Pero en ambos casos, la pensión máxima es igual y no hay complementos para llegar a ella por ejercer una determinada actividad”, señala Marcos. “Los funcionarios no tienen el sistema de complementos de pensión ni prejubilaciones que tienen los parlamentarios”, concluye.
Bono alude a Ronaldo para justificarlo
El presidente del Congreso, José Bono, remitió el pasado 6 de febrero una carta a todos los diputados en defensa de su sistema de pensiones en la que explica que quien haya ocupado un escaño durante siete años no recibe una “pensión” cuando se jubile, sino “un complemento de pensión” de una cuantía media de 1.066 euros mensuales.
La misiva subrayaba que, hasta ahora, han percibido el “complemento de pensión” sólo 70 de los 3.609 diputados y senadores que ha habido en total durante las nueve legislaturas. De ellos, una considerable mayoría fueron parlamentarios en las primeras legislaturas tras el franquismo. No obstante, el reglamento de pensiones parlamentarias y otras prestaciones económicas a favor de los ex parlamentarios, aprobado en 2006, precisa que “las Cortes Generales abonarán con cargo a su Presupuesto una pensión a quienes hayan sido miembros del Congreso o del Senado”.
Para cobrarla, los ex parlamentarios tienen que haber ocupado el escaño durante al menos siete años y haber cumplido 65 en el instante de la recepción de la susodicha “pensión”, señala Bono remitiéndose a la legislación vigente. También habrá de estar jubilado o jubilado anticipadamente, en cuyo caso ha de tener 60 años y haber cotizado durante 40. La carta del presidente de la Cámara alude también al presupuesto de la Cámara, que se ha reducido en dos años unos 200.000 euros y los sueldos de los diputados llevan dos años congelados. La cuantía que el Estado dedica a las Cortes Generales -Congreso y Senado-, al Defensor del Pueblo y a la Junta Electoral Central representa un 0,09% del Presupuesto total del Estado. Con todo ello, Bono recalca: “El vigente Presupuesto (…) es exactamente cuatro millones más de lo que supuso el último fichaje estrella de la Liga de Fútbol Española”, el de Cristiano Ronaldo.
Excepciones: Si se revisan, junto a las demás pensiones
Por su parte, el presidente del Senado, Javier Rojo, añade en línea con Bono que las pensiones de los políticos se deben ver como “excepcionalidades” y no como privilegios. Eso sí, no cierra la puesta a modificar su regulación, aunque “cualquier modificación de las mismas debe estudiarse en el marco del actual debate sobre el sistema de pensiones”, señaló el pasado 3 de febrero durante la inauguración de las jornadas sobre La ley e Internet en el Colegio de Abogados de Madrid.
En cualquier caso, Rojo apuesta por abordar este debate con “el sosiego, la serenidad y la tranquilidad” que requiere la propia cuestión, y puso como ejemplo su caso, el de un presidente del Senado que, sin embargo, ha cotizado a la Seguridad Social durante 43 años. “Como mi caso hay muchos”, señaló, tras insistir una vez más en que en estos casos es necesario hablar de excepcionalidad.
La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, también está dispuesta a revisar el sistema de pensiones de los parlamentarios, pues considera que su formación tiene claro que se debe “predicar con el ejemplo”, al igual que su partido ha propuesto ya congelar los sueldos de estos profesionales. La dirigente del PP contestó que ha algunas medidas llamativas pero de “aplicación muy limitada” pues la mayoría de los parlamentarios trabaja y cotiza antes y después de llegar a las Cortes Generales. “No tengo inconveniente de abordar éste y otros temas de funcionamiento de régimen interno”, señaló.
Incluso el ministro de Fomento y vicesecretario del PSOE, José Blanco, se ha mostrado dispuesto a corregir el régimen de pensiones del que disfrutan estos cargos públicos, funcionarios con cargos públicos y otras situaciones donde falte “equidad”. “Estoy dispuesto a corregir esta situación y a que el sistema introduzca más equidad. No sólo en eso [diputados y senadores]. Hay muchos casos en distintos ámbitos y estoy dispuesto a hablar de todo, asumiendo errores. No debe haber excepciones dentro de los parámetros de sostenibilidad, futuro y equidad de las pensiones”, aseguró el martes 2 de febrero en una entrevista con TVE. UpyD lo tiene claro: “Lo que hay que hacer es limitar estos privilegios y que los miembros de las cámaras tengan las pensiones que les correspondan de acuerdo con las Leyes de Seguridad Social y Clases Pasivas, igual que el resto de ciudadanos”.
Publicado e EXPANSIÓN: http://www.expansion.com/2010/02/24/funcion-publica/1267001755.html
.
_______________________
SÁNCHEZ BÓDALO RECIBE A LA DELEGACIÓN DE LA CÁMARA HISPANO JAPONESA
Por primera vez ha llegado a Alcázar de San Juan una de las denominadas misiones comerciales inversas, procedente de Japón a través de la Cámara de Comercio Hispano Japonesa.
Mashaide Adachi de Iberia Trading Corporation uno de los representantes de la delegación, que lleva más de treinta años comerciando con España, ponía como ejemplo el jamón ibérico, antes desconocido para el público japonés “ y que se ha convertido en un artículo de lujo que ahora todo el mundo quiere conocer”.
La delegación de empresarios japoneses fue recibida por el alcalde de Alcázar, J. Fernando Sánchez Bódalo, nada más llegar a la ciudad procedentes de Madrid y de Zamora. La idea de este contacto surgió durante la última Feria de los Sabores, el pasado mes de mayo, a la que asistieron representantes de la Cámara de Comercio hispano japonesa. Pero ya antes hubo un contacto del país del sol naciente con los productos manchegos, en una visita oficial del más alto nivel, como fue la visita del príncipe heredero que también tuvo oportunidad de conocer los productos de la Mancha.
La Cámara de Comercio Hispano japonesa se fundó hace más de 50 años en Barcelona, concretamente en 1955. Desde entonces ha servido como puente entre empresarios de los dos países. Los importadores japoneses realizan estas misiones inversas para conocer los productos que les pueden interesar, a pesar de la crisis económica.
Según Miguel Martinez, Presidente de la Cámara de Comercio Hispano japonesa las empresas japonesas “no se arrugan ante la crisis” y en lo que se refiere a este tipo de misiones “este año estamos trabajando más que nunca”.
Algunas de las empresas importadoras que forma parte de la misión japonesa en La Mancha llevan ya treinta años comerciando con algunos productos que se abren paso en el mercado de su país a través de restaurantes españoles. Hace unos años de España en Japón sólo se conocía la paella, pero el turismo ha abierto nuevos horizontes. Es la opinión de Masahide Adachi Iberia Trading Corporation. quien explica que España está de moda en Japón, y los turistas que han estado en España quieren tener en su país los productos que han conocido aquí y hablan muy bien sobre todo de los vinos y los quesos”
Lo que buscan los importadores japoneses en los productos manchegos es la calidad, la garantía de un suministro constante y, por supuesto, los precios. El interés de estos primeros contactos reside en la capacidad del mercado japonés para mantener una demanda estable (algo muy importante para las pequeñas y medianas empresas) y, además, es la puerta para otros mercados orientales, como sostenía el alcalde, J. Fernando Sánchez Bódalo que destacaba la calidad como el principal valor del producto manchego. Por eso ”vamos a seguir apoyando este tipo de iniciativas”.
El programa de la visita de esta misión japonés es intenso e incluye visitas turísticas, pero sobre todo a empresas de productos tan típicos de la ciudad como las Tortas de Alcázar de los Hermanos Román Alaminos, a bodegas y a queserías. Aparte de esas visitas, se realiza en el Ayuntamiento un workshop, es decir una serie de presentaciones de los productos de hasta 23 empresas de la ciudad y su comarca cercana.
Publicado en: MiCiudadReal http://miciudadreal.es/index.php
_________________________
Cada trabajador paga 355 euros más en el IRPF desde que gobierna el PSOE
Malas noticias en plenos rumores de subidas fiscales: desde 2004, el pago del IRPF se ha elevado en casi 7.000 millones por la no actualización del impuesto al IPC.
Publicado el 12-08-09 , por E. S. Mazo / C. Cuesta
El problema es que, si suben los impuestos, no será la primera vez en la etapa socialista para los españoles. Desde que Zapatero llegó a La Moncloa en 2004, cada contribuyente ha sufrido una subida fiscal de 355 euros.
Desde la entrada en vigor de la reforma de IRPF de 2003 hasta diciembre del año pasado, los contribuyentes del IRPF han pagado de más -una vez descontados los 1.651,2 millones que supuso la reforma de 2007- un total de 6.748,5 millones de euros, calcula, en concreto, el estudio elaborado por el catedrático José Félix Sanz, Juan M. Castañar y Desiderio Romero para la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas).
Este sobreimpuesto encubierto es consecuencia de la incompleta indexación del IRPF a la inflación durante todos estos años, argumentan los autores.
El perjuicio es más que notable, por una sencilla explicación. Al finalizar cada año, las empresas suelen elevar levemente el salario de los trabajadores por las cláusulas pactadas en los convenios colectivos, que actualizan los salarios con la inflación de forma automática. El objetivo es que los empleados no pierdan poder adquisitivo con el encarecimiento de los precios.
Actualización
El problema surge cuando el IRPF no se actualiza también con la inflación real, pues el efecto final acaba siendo una subida del tributo, debido a que la actualización de los sueldos provoca que los contribuyentes pasan a tributar a un tipo superior en la tarifa del IRPF.
Lo mismo ocurre con las deducciones (vivienda, madres trabajadoras o planes de pensiones, por ejemplo) que, si no se actualizan con el encarecimiento de la vida que se refleja en las tasas de inflación, pierden poder real de desgravación.
Lo que lleva ocurriendo en los últimos ejercicios también sucedió el año pasado, en las rentas ganadas en 2008, que acaban de declarar los contribuyentes en la campaña de la renta de 2009, cerrada antes de verano.
Para esta última liquidación, la normativa establece una indexación del 2% sobre los mínimos, tarifa y reducciones por las rentas netas del trabajo con el objetivo de corregir el IRPF de los efectos de la inflación, explica el estudio.
Sin embargo, tal nivel de corrección es insuficiente si tenemos en cuenta que la tasa media mensual de inflación de 2008 fue del 4,1%. El resultado es que los contribuyentes han soportado en la última liquidación del impuesto un exceso de carga de IRPF por importe de 1.161,4 millones de euros. Cantidad que se suma a los 1.169,5 millones de euros de 2004; a los 2.320,6 de 2005, y a los 3.748,1 en 2006. Hasta sumar este total de 6.748 millones de euros, restados ya incluso los 1.651,2 millones de la reforma fiscal de 2007.
Así, la culpable de esta subida es, de un lado, la actualización del IRPF limitada, pues afecta sólo a la tarifa -y no del todo- y a los mínimos exentos del Impuesto. Pero, por otro lado, a ese impacto hay que sumar que el Ejecutivo hace esa actualización parcial con el objetivo del 2% de inflación -referencia que toma del Banco Central Europeo-, en vez de hacerlo con el IPC que realmente se espera tener a cierre de cada año.
Ese 2% contrasta, de hecho, con el 3% en que cerró el IPC medio en 2004; el 3,4% de 2005; el 3,5% de un año después; o el 2,8% de 2007. Aún peor: duplica el 4,1% medio en que cerró la inflación el año pasado.
Así, año a año, el impacto de este sobreimpuesto ha sido potente, al tiempo que exigido de forma silenciosa y poco transparente, según el informe. En este contexto, podemos asegurar que a pesar de la reforma llevada a cabo en 2007, el IRPF ha subido significativamente desde la reforma aprobada en 2003. Tanto es así que el incremento del Impuesto de la Renta, por ausencia de un proceso riguroso y completo, ha sido cinco veces más elevado que el coste de la reforma de 2007.
La farsa de la presión fiscal
Pese a que los impuestos suben, el Ejecutivo ha hecho ahora de la bajada de la presión fiscal una de sus banderas. Pero es que eso no significa que los tributos que pagan los españoles bajen.
El descenso de la presión fiscal no se debe, de hecho, a que la factura de los contribuyentes sea menor, sino a dos motivos: por culpa del paro, cada vez hay menos contribuyentes; y, además, es inferior lo que recauda el Estado por culpa de la fuerte destrucción de empleo que impacta en la recaudación del IRPF, por el desplome de los beneficios empresariales con su efecto en los ingresos en el Impuesto sobre Sociedades, o por el sobresaliente descenso del consumo, que hace retroceder la recaudación por IVA y otros impuestos ligados al gasto.
Publicado en: http://www.expansion.com/
¿Es España una democracia?
@Ignacio de la Torre – 06/05/2009 06:00h
“Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.”
Constitución Española, artículo 6
¿Es España una democracia? ¿Se trata de una pregunta baladí? En absoluto. La democracia española está sustentada en los partidos políticos. Los partidos, directa e indirectamente, nombran y quitan a los miembros del Ejecutivo de la Nación, de las Comunidades Autónomas, a los del gobierno de los jueces, a magistrados del Constitucional, a los componentes del Consejo del Banco de España, de la CNMV, de la Comisión de la Energía, del Tabaco, de Defensa de la Competencia, de Radio Televisión Española y las cadenas autonómicas, de las Cajas de Ahorro…
Tanto poder acumulado desde la instauración de la democracia (y en opinión de este humilde columnista, tan inútilmente empleado) nos debería hacer reflexionar sobre si la fuente última de este poder, es decir, la estructura del partido político, es democrática tal y como manda la Constitución.
¿Son los partidos democráticos? Esta pregunta es clave, ya que de nada sirve alardear de demócrata hacia afuera si la estructura de funcionamiento del partido en la práctica no difiere de la que tenía Falange en la época de Franco.
¿Qué define la “estructura interna y funcionamiento democráticos” que propugna la Carta Magna? Volvamos a nuestra Constitución. Artículo 16: “libertad ideológica”; artículo 20: “derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones”; artículo 23: “los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal”. Les animo a que comparen el espíritu de estas leyes con la realidad de los partidos políticos, empezando por sus estatutos.
Yo ofrezco tres reflexiones:
Primera: cuando un líder de un país como Egipto, Túnez, Siria, somete a plebiscito su reelección, o bien la de su sucesor designado, y el pueblo “aprueba” esta elección de candidato único con más de un 90% de los sufragios, ¿por qué no consideran que estos países son democráticos? Cuando un líder de un partido político (o sindicato) español “designa” a su heredero y un oscuro y antidemocrático sistema de compromisarios “aprueba” a este candidato, o bien éste se presenta a la reelección como alternativa única obteniendo aprobaciones de más de un 90% de los votos, ¿de verdad se puede definir esta estructura como democrática sin sentir vergüenza?
Segunda: la Constitución reconoce el derecho a una tutela judicial efectiva. Este elemento es clave para que exista una democracia de pleno derecho. Cuando se prevén sentencias de asuntos capitales para la nación o nombramientos de magistrados o jueces clave en función de qué partido ha designado al vocal del CGPJ o al magistrado del Constitucional decisorio, ¿se puede definir esto como tutela judicial efectiva sin sentir vergüenza?
Tercera: cuando se violenta formalmente una norma para que cumpla en la forma la ley pero cuyo contenido es claramente contrario a su espíritu puede aparecer la figura del “fraude de ley”. Una vez un diputado me reconoció que los partidos no son democráticos, pero “sí sobre el papel”. O sea, que los partidos políticos son tan democráticos como la extinta República Democrática Alemana. Si los estatutos de los partidos incurren en fraude de ley y se viola el artículo sexto de la Constitución Española que encabeza este post, ¿qué podemos esperar del sistema judicial para que ponga fin a este atropello?; ¿podemos seguir financiando de nuestros impuestos a los partidos políticos tan antidemocráticos sin sentir vergüenza?
Lo peor no es la situación en sí, por muy lamentable que sea, sino la desidia de la sociedad española, que durante años se ha visto aletargada y percibe como “normales” acontecimientos aquí descritos tan contrarios a la democracia y tan nocivos para la nación.
¿Es España una democracia? Probablemente sí. ¿Es España una partitocracia? También. Ahora bien ¿qué es más España, democracia o partitocracia? Esta pregunta es esencial. Si respondemos partitocracia y asumimos el carácter no democrático de los partidos, el presente y el futuro es escalofriante. Si es así, ¿qué puede hacer la sociedad civil para que España sea mucho más democracia y mucho menos partitocracia?
http://www.cotizalia.com/cache/2009/05/06/opinion_65_espana_democracia.html
_______________________
El Banco de España expedienta a los 15 miembros del Consejo de Administración de Caja Castilla-La Mancha
El Banco de España ha abierto un expediente por “infracción muy grave” a los 15 miembros del Consejo de Administración de Caja Castilla-La Mancha. Según publica El Mundo, los consejeros “son directamente responsables de la gestión irregular que ha llevado al Banco de España a intervenir en la caja”.
“El Banco de España considera que los gestores de CCM ocultaron información”, según publica El Mundo: “La caja había anunciado beneficios de 30 millones de euros en 2008, cuando la realidad es que las pérdidas llegaban a los 1.000 millones”. Asimismo, otra falta habría sido “presentar deficiencias en los procedimientos de control de riesgos, cuando tales deficiencias pongan en peligro la solvencia o viabilidad de la entidad”.
Multa e inhabilitación
Los consejeros podrían enfrentarse a multas de hasta 150.000 euros y “lo que es más deshonroso para ellos, a inhabilitación para ejercer cargos de administración en cualquier otra entidad de crédito durante 10 años”, según informa el diario dirigido por Pedro J. Ramírez que, además, señala que el expediente del Banco de España habría caído como un jarro de agua fría entre muchos de los consejeros.
Uno de ellos, habría confesado a El Mundo, que se consideran “engañados” por el ex presidente de la entidad, Juan Pedro Hernández Moltó: “al consejo nos llegaban todas las operaciones aprobadas por la correspondiente división de riesgos, nosotros no aprobábamos nada”.
Según la fuente citada por la cabecera madrileña, “la mayoría de los consejeros se enteraron de que la entidad no tenía beneficios, sino pérdidas, en un almuerzo celebrado el viernes 27 de marzo -dos días antes de la intervención- en Toledo.
El director general de la entidad, Ildefonso Ortega, comenzó a hablar de ‘problemas en las cuentas’ y reconoció que tal vez la entidad estuviera en realidad en pérdidas. Muchos de los miembros del consejo allí presentes, según la misma fuente, se encararon con él y con el ex presidente Moltó. ‘Nos habéis mentido’, fueron algunas de las palabras que se cruzaron”.
________________________
.
VIESMA: Carpintería y Muebles de cocina - JOSÉ VICENTE ESCRIBANO MANZANEQUE
